Finalmente, Salvador Rossetti inició un juicio penal y, paralelamente, un juicio político contra el ministro de Justicia argentino, Aníbal Fernández, por eludir el cumplimiento del mandato judicial que ordena liberar el paso entre Fray Bentos y Gualeguaychú. Rossetti ya declaró por esta causa.
Montevideo.Comm, 4/12/2008
Salvador Rossetti, el abogado argentino que lucha legalmente para liberar el paso de Arroyo Verde que bloquean activistas anti Botnia desde hace dos años, ya había emitido una carta abierta al ministro Aníbal Fernández por lo que considera una “obstrucción” a la Justicia.
Ahora, sin embargo, se decidió a ir más lejos y entabló una demanda penal contra el ministro, a la que finalmente dio curso la Justicia.
Rossetti Serra denunció al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Contador Aníbal Federández, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, porque no cumple la orden de desalojo de los ocupantes de Arroyo Verde, orden que impartió el juez federal de Concepción del Uruguay Dr. Guillermo Quadrini.
La orden de desalojo de los ambientalistas se encuentra vigente, pero Gendarmería no puede cumplirla porque la retiene el ministro de Justicia, de quien esa fuerza de seguridad depende jerárquicamente.
En Buenos Aires se plantea de esta forma un grave conflicto político, porque ni el presidente o sus ministros pueden eludir el cumplimiento de un mandato judicial sin quebrar el régimen constitucional argentino, que garantiza la independencia del Poder Judicial y la división de poderes.
Interviene en la causa que inició Rosetti el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo de la Jueza Servini de Cubría, quien ya dio intervención al Fiscal Federal, luego de haber recibido declaración a Salvador Rossetti Serra. El abogado aportó prueba documental de los hechos denunciados. Recordemos que la jueza Servini de Cubría es quien tiene también a su cargo la causa contra Romina Picolotti, recientemente destituida de la Secretaría de Medio Ambiente argentina, que está siendo investigada por abuso de fondos.
Según información que maneja la Asamblea Rutas Libres, que lidera el propio Rossetti, diputados de la oposición, interiorizados del caso, pedirán la interpelación de Aníbal Fernández.
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PIDEN JUICIO POLÍTICO AL MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTADOR ANÍBAL DOMINGO FERNANDEZ
ONG Rutas Libres, Argentina, 5/12/2008.
(Difundida por el ICI)
Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Dr. Eduardo Alfredo Fellner
S/D
Nos dirigimos a Usted a fin de pedir el juicio político del señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Cdor. Aníbal Domingo Fernández, por mal desempeño y delito en el cumplimiento de sus funciones (Constitución Nacional, artículo 53).
Fundamentamos este pedido en el incumplimiento de la orden de garantizar la libertad de circulación por la ruta 136, y el ingreso y egreso del país a todos los vehículos y medios de transporte que lo demanden, impartida por el señor Juez Federal de Concepción del Uruguay Dr. Guillermo A. Quadrini, previo dictamen de la señora Fiscal Federal doctora María de los Milagros Squivo, en la causa N° 56.200 que tramita en la Secretaría Penal N° 1 del referido Juzgado Federal.
Esa orden fue notificada al señor Director Nacional de Gendarmería Nacional mediante oficio N° 299/06, y por razones jerárquicas se elevó al entonces ministro del Interior Cdor. Aníbal D. Fernández, quien por nota N° 1374/06 informó al señor Juez Federal Dr. Guillermo A. Quadrini: “en lo que hace a las instrucciones a cualquiera de las Fuerzas, es el suscripto quien impartirá las mismas, en el marco de las facultades que le son propias... las instrucciones que corresponda adoptar en cada caso y a través de cualquiera de las cuatro Fuerzas Federales, son de absoluta discrecionalidad de este Ministerio, y dentro del marco de legitimidad otorgado a través de la Constitución Nacional y las Leyes de la Nación...” (textual).
Ofrecemos como prueba el expediente N° 228/08 del Consejo de la Magistratura, y sus acumulados.
Resulta de palmaria evidencia que el señor Ministro se ha atribuido facultades de contralor demandas judiciales –como recientemente lo intentó mediante la derogada Resolución N° 1084/08–, en franca violación de lo dispuesto constitucionalmente en cuanto a independencia y división de poderes. Al desobedecer esa concreta y clara orden judicial, incurrió en la conducta delictiva prevista por los artículos 239 y 248 del Código Penal, hecho que se está investigando en la causa N° A– 11.647/08 del Juzgado Nacional de Io Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital Federal, a cargo de la Dra. María R. Servini de Cubría.
Además, ha permitido agravar el conflicto internacional originado por el ilegal bloqueo de la ruta 136 en Arroyo Verde, donde un grupo de personas pretendidamente ambientalistas tipifica, hasta hoy impunemente, conductas delictivas previstas por los artículos 194, 213 bis, 219 y 230 inc. Io del Código Penal. Ninguna duda cabe en cuanto a que el señor Ministro, al impedir el cumplimiento de la referida orden judicial tendiente al restablecimiento del Estado de Derecho en la ruta 136, incurre en la causal de destitución por mal desempeño de sus funciones.
Mientras la señora Presidenta de la Nación ha manifestado querer vivir en un país en serio, sin rutas cortadas, su Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos impide el cumplimiento de la orden judicial tendiente a liberar una ruta cortada; pero no una ruta cualquiera, sino una cuyo bloqueo viola tratados internacionales y ha puesto las relaciones de nuestro país en grave crisis en el MERCOSUR y amenaza con otra en la UNASUR.
Lamentablemente el ejercicio prolongado del poder ministerial confunde y, no obstante la formación profesional y la experiencia política de quien lo detenta, se incurre en demasías que, como en este caso, tipifican delito y mal desempeño del cargo.
La orden judicial impartida por el señor Juez Federal de Concepción del Uruguay, tendiente a restablecer la garantía constitucional de libertad de tránsito en la ruta 136, tiene que se cumplida; o el nuestro no es un país en serio, y es mentira que vivimos en Estado de Derecho.
Saludamos a Usted muy atenta y respetuosamente
Raúl María González
Salvador Rossetti Serra
Hipólito Yrigoyen 850, piso 4o escritorio 419 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
